RUANDA DEBATE

FRANCIA-RUANDA, EL PRECIO DE UNA RECONCILIACIÓN:…

Geopolítica a la sombra de la justicia:…

El presidente ruandés Paul Kagamé, reelecto el 9 de agosto último sobre un fondo de violencias y atentados contra la libertad, endureció su régimen. En ese contexto, la llamativa reconciliación con Francia de febrero pasado, abre nuevos interrogantes.

“Queremos que los responsables del genocidio sean encontrados y castigados. No hay ninguna ambigüedad”, declaró el presidente Nicolas Sarkozy el 25 de febrero pasado en su visita a Kigali, la primera de un jefe de Estado francés desde 1994. ¿Favorecerá este anuncio el fin de la impunidad en Francia? “En 15 años, la fiscalía nunca inició ningún proceso. Sin nuestra intervención, ningún expediente estaría en el escritorio de un juez”, protesta Alain Gauthier, presidente del Colectivo de las Partes Civiles para Ruanda (CPCR). Para él no hay ninguna duda: fue por falta de voluntad política que los sospechosos ruandeses que residen en Francia lograron escapar de todo proceso judicial. E insiste: “Los frenos políticos eran evidentes: tanto la derecha como la izquierda, que cohabitaban en el momento del genocidio, tenían interés en que no pasara nada con esos casos”. Sin embargo, la rimbombante reconciliación entre Francia y Ruanda está lejos de eliminar todos los obstáculos.

Ambos países rompieron relaciones a fines de 2006, cuando las órdenes de arresto emitidas por el juez de instrucción francés Jean-Louis Bruguière contra algunos allegados a Paul Kagamé, jefe de Estado ruandés, causaron indignación en Kigali. El magistrado sospechaba la implicación de Kagamé en el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión en el que viajaba el entonces presidente ruándes Juvenal Habyarimana; ahora bien, este acontecimiento es considerado el desencadenante del genocidio…

Después de tres años de desavenencias, el acercamiento parece rápido, aunque no cuenta con un apoyo unánime (1). Es obra, en gran medida, del ministro de Relaciones Exteriores francés Bernard Kouchner, quien conoció a Kagamé –por entonces jefe de las fuerzas rebeldes– en el marco de una misión humanitaria en la época del genocidio. Francia debe recuperar su credibilidad en una región estratégicamente importante, donde no puede hacerse nada sin la “pequeña” Ruanda, de influencia determinante en la vecina República Democrática del Congo (RDC), dotada de enormes riquezas mineras. Por otro lado, al igual que Sarkozy, Kagamé se declara aliado incondicional de Estados Unidos.

Intercambio de favores

Durante la visita del presidente francés a Kigali, su homólogo ruandés –que desde su ascenso al poder no había dejado de exigir enérgicamente excusas por parte de Francia– mostró un perfil bajo: “Más allá de la comprensión e investigación de lo que sucedió, es tiempo de construir una nueva relación, una nueva sociedad basada en la comprensión y en una gestión correcta de la verdad –declaró–. Nos negamos a ser rehenes del pasado. Los errores se han reconocido y discutido. Y a medida que vamos enfrentándonos a esta realidad, lo esencial es mirar hacia el futuro”. Sarkozy, por su parte, concedió por primera vez ciertos “errores políticos” de Francia con respecto a Ruanda, sin entrar en detalles.

El intercambio de favores parece claro: por un lado, oídos sordos a los alegatos relacionados con el papel de Francia en el genocidio; por el otro, avances en los expedientes de ruandeses refugiados en Francia y neutralización de la investigación de Bruguière.

Ya en noviembre de 2008, el arresto “negociado” de Rose Kabuye, directora de Protocolo de Kagamé, blanco de una de las órdenes de Bruguière, permitió que Kigali tuviera acceso a las piezas del expediente. A partir de ese momento, varios testigos-clave se retractaron y el traductor del juez Bruguière fue identificado como ex agente del servicio de información ruandés y cuñado de Félicien Kabuga –uno de los prófugos más buscados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)–. El juez Marc Trevidic, sucesor de Bruguière, prosiguió la instrucción sobre unas bases en principio menos favorables al régimen genocida.

Aunque Sarkozy se haya esmerado en recordar que él “se atiene a la independencia de la justicia”, las señales de cierto oportunismo judicial se multiplican. La detención, días después de la visita de Sarkozy a Ruanda, de Agathe Kanziga, viuda del ex presidente Habyarimana, es uno de ellos. Difícil no establecer una relación: en efecto, si bien desde principios de 2008 está abierto un pedido de información judicial, a raíz de una denuncia del CPCR y del rechazo de su (tardía) solicitud de asilo (2), la sospechosa vivía en París, sin ocultarse. En 1994 militares franceses la repatriaron a Ruanda en la operación Amaryllis (3).

En consonancia con estas nupcias diplomáticas se anunció, a principios de enero pasado, la creación del área “genocidio y crímenes de lesa humanidad” en el Tribunal de Primera Instancia de París. Teniendo en cuenta el número de denuncias en suspenso relacionadas con el genocidio de 1994, esta decisión evidentemente favoreció un acercamiento con Ruanda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se alude a una trivial “racionalización” administrativa: “Felizmente no hay genocidios todos los días, y sucede que este asunto sería más bien de la incumbencia de los ruandeses”. No obstante, Gauthier permanece escéptico: “Nosotros esperamos hechos”. El CPCR, que impulsó unos quince expedientes, presentó su primera denuncia en 1995… El contraste con Bélgica es impactante. La ex potencia colonial llevó adelante cuatro procesos criminales relacionados con el genocidio. En esto trabaja a tiempo completo el área de investigación especializada que permitió la resolución de estos expedientes, validando la pertinencia de tal estructura en Francia.

Pero la jueza francesa Fabienne Pous, especialmente dedicada a este tipo de asuntos, permanece alerta: “¿Con qué medios contará [el área especializada]? ¿Cómo estará organizada? No tenemos idea de eso, y esperamos que no se trate de un golpe de efecto” (4). La miseria ya se hace sentir crudamente: “No hay fax individual, no hay asistente especializado, la digitalización de los documentos es limitada…”. Sin embargo, poco antes del anuncio de la reconciliación diplomática, Pous finalmente logró visitar Ruanda con su colega Michèle Ganascia. Fue la primera vez desde el genocidio, ya que Bruguière nunca se había trasladado personalmente. Para comprender a Ruanda se requerirían importantes recursos, realizar audiencias con decenas de testigos… ¿Cómo encarar procesos confiables a término? “Vista la dificultad de la justicia para lograr un mínimo de competencia –puede pensarse en Bélgica– ¿qué va a pasar con los franceses que no tienen los recursos para su autonomía? ¡Se van a dejar engañar!”, dice preocupado André Guichaoua (5), especialista de la región de los Grandes Lagos y experto ante el TPIR, aludiendo a los falsos testimonios que ensuciaron procedimientos similares en Canadá o en Suiza.

¿Competencia universal o realpolitik?

En relación a los crímenes cometidos en Ruanda, una ley le permite a Francia ejercer una “competencia universal” (6). Pero Kouchner y Michèle Alliot-Marie aclaran que la creación del área “genocidio y crímenes de lesa humanidad” no apunta a implementar una práctica de ese tipo (7). Según Patrick Baudouin, presidente honorario de la Federación Internacional de las ligas de Derechos Humanos (FIDH), estas incoherencias confirman “la impresión de que París trata de restablecer relaciones con Kigali más que de hacer justicia”. Francia nunca modificó su legislación para hacer aplicables los tratados internacionales que firmó y que prevén la competencia universal, salvo respecto a la Convención Internacional contra la Tortura de 1984 (8). Los dos únicos procesos que han sido realizados en nombre de este procedimiento (el de un oficial mauritano en 2005 y el de un funcionario tunecino en 2009) se hicieron de hecho en base a esta convención.

La adopción por el Parlamento, el 13 de julio pasado, de un proyecto de ley que adapta el derecho francés al Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) –que ordena a los Estados sancionar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio donde sea que se hayan cometido y cualquiera sea la nacionalidad de sus autores– confirma estas reticencias frente a la justicia internacional. Efectivamente, esta ley volverá casi imposibles los procesamientos: el sospechoso deberá tener su “residencia habitual” en Francia y la fiscalía tendrá el monopolio de los procesos. Algunos colectivos de víctimas, como el CPCR, serán así apartados. Pero ya hemos visto la timidez de las autoridades judiciales en lo referente a Ruanda… “O bien estamos a favor de la competencia universal y la aplicamos a todos, más allá de Ruanda y de Kosovo. O bien estamos a favor de la Realpolitik y de la ley del más fuerte”, sintetiza Baudouin.

La cobardía de las autoridades

La justicia ya tiene bastante retraso en lo relativo al genocidio de 1994. “Dejamos escapar ciertos asuntos”, confiesa el diputado socialista Paul Quilès (9), quien coordinó la misión de investigación parlamentaria sobre el papel de Francia en Ruanda en 1998. Según Gauthier, “hubo cambios frecuentes de juez de instrucción que obligaban a volver a empezar de cero”. Hay un caso que resume la impericia de la justicia y la cobardía de las autoridades: el de Wenceslas Munyeshyaka, sacerdote cooperador y capellán de los Scouts de Francia en Gisors desde 2001.

Este ex cura de la parroquia de la Sagrada Familia de Kigali es objeto de una denuncia desde 1995; pero el TPIR tuvo que emitir una orden de arresto internacional contra él, en 2007, para que finalmente se lo pusiera bajo vigilancia judicial. El TPIR fue declarado incompetente sobre el expediente (junto al de Laurent Bucyibaruta, ex prefecto de Gikongoro), por considerar que Francia tenía la competencia y los medios para juzgar a ambos hombres. Casi diez años antes, en 1998, el Tribunal Supremo había llegado a las mismas conclusiones, sin resultado… En 2004, a instancias de una de las querellantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por la lentitud del procedimiento. Antes de Pous y Ganascia, en 2010, el expediente había pasado por las manos de tres jueces de instrucción…

También es paradigmático el caso de Augustin Ngirabatware, ex ministro del Plan de gobierno interino ruandés de 1994. Tras instalarse en Gabón, consiguió que el Servicio de inmunidades y fueros del Quai d’Orsay le expidiera, en 1998, una tarjeta especial que vale como permiso de residencia en Francia. El TPIR emitió una orden de arresto contra él en agosto de 1999. Pero el día previsto para su detención en París, Ngirabatware abandonó su domicilio, con destino a Libreville… Al ser requeridas por el TPIR, las autoridades gabonesas lo dejaron escapar. Recién fue detenido en 2007, en Frankfurt, y luego transferido al TPIR de Arusha (Tanzania), donde su proceso aún está en curso. Según Guichaoua, el apoyo con que ha contado el sospechoso se explica por el temor de que salgan a luz las vinculaciones con algunas personalidades extranjeras, “no los vínculos profesionales, sino los explícitamente políticos y, en ciertos casos, de negocios” (10). Y añaden que ciertos expedientes, como el del abad Munyeshyaka –según él, magro– ocultarían otros más consistentes…

¿Llegará finalmente a concluirse en Francia algún proceso? El que involucra a Pascal Simbikangwa, ex jefe de los servicios de información, arrestado en Mayotte en 2008 (¡por tráfico de documentos falsos!), estaría desarrollándose normalmente. Además, Francia se comprometió ante el TPIR a llevar a los tribunales a Munyeshyaka y a Bucyibaruta. Estos casos están en suspenso, entre otras cosas porque los jueces franceses tienen grandes dificultades para utilizar la información proporcionada por el TPIR, cuyas normas y procedimientos son diferentes. Pero el verdadero problema radica en que el papel de Francia en Ruanda en 1994 sigue siendo muy controvertido. Gauthier destaca, por ejemplo, que Bucyibaruta “era el prefecto de Gikongoro, donde había tropas de la operación militar-humanitaria ‘Turquesa’. Su procesamiento no podría dejar de incluir la investigación sobre su papel”. Cualquier proceso podría entonces conducir al análisis indirecto de la política francesa de esa época (11).

NOTAS:

1 Véase por ejemplo la reacción de la asociación Franco-Turquesa (www.france-turquoise.fr).

2 La Oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas (Ofpra) dice tener “serias razones” para pensar que Kanziga estuvo implicada en crímenes de lesa humanidad.

3 Como buen número de dignatarios del régimen extremista hutu. Véase el informe de la misión de información dirigida por el diputado Paul Quilès, Asamblea Nacional, N° 1.271, París, 15-12-1998.

4 Agence France-Presse (AFP), 18-1-10.

5 Autor de Rwanda, de la guerre au génocide, La Découverte, París, 2010.

6 Ley del 22 de mayo de 1996 que adapta la legislación francesa a la Resolución Nº 955 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que creó el TPIR.

7 Le Monde, París, 6-1-10.

8 Incluido en el artículo 689-2 del Código procesal penal. El artículo 689 de este mismo código prevé también una competencia universal en variadas y selectivas temáticas como: terrorismo, tráfico nuclear, piratería, venta de armas, extorsión. Basada en esto, el 26 de enero pasado la Corte de Apelaciones de París volvió a poner en marcha la investigación por crímenes cometidos en Camboya entre 1975 y 1979.

9 “Le Débat”, France 24, 25-2-10.

10 André Guichaoua, Op. Cit.

11 Véase André-Michel Essoungou, “Francia-Ruanda, guerra en torno a un genocidio”, Informe Dipló, 26 de enero de 2009 (www.eldiplo.org).

por Benoît Francès

Periodista.

Traducción: Patricia Minarrieta